En lo que a la venta, consumo, posesión e investigación y cultivo de marihuana (ya sea terapéutica o recreativa), España parece estar interesada en nadar contracorriente. No a nivel popular, de calle, claro está, sino en las altas esferas políticas. En nuestro país se estima que hay alrededor de medio millón de fumadores diarios de marihuana y cerca de tres millones de personas que toman cannabis en diversas formas (fumada, ingerida, mediante equipos de vaporización…) y para diferentes fines. Sin embargo, a la contra de esa corriente popular y de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, siendo EEUU el caso más claro, la legislación española, lejos de seguir la ola de aperturismo y mayor permisividad global, se enroca en la percepción de la marihuana como un producto pernicioso, un corruptor de la juventud que debe ser perseguido y arrinconado.
Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Ejecutivo persigue de manera más dura tanto la tenencia y consumo como el cultivo de marihuana. Por ejemplo, la multa más baja por consumir marihuana en lugares públicos se dobla hasta los 600 euros, y puede llegar a ser de 30.000 en casos considerados por las autoridades judiciales como extremadamente serios. En este sentido, las multas económicas sólo pueden ser conmutadas por tratamientos de rehabilitación en el caso de que los infractores sean menores de edad. En caso contrario, al ‘delincuente’ no le queda otra opción que pasar por caja.
Asimismo, también se sanciona con multas o apercibimientos el cultivo de marihuana, aunque sea para uso doméstico, en lugares accesibles o visibles públicamente. También se recogen una pléyade de posibles sanciones en aquellos locales en los que el consumo de marihuana esté permitido.
Desde las diferentes fuerzas políticas de la oposición, la reacción a la Ley no se han hecho esperar. La oposición más intensa planteada a la Ley De Seguridad Ciudadana es, probablemente, la de Izquierda Unida. Desde la agrupación, en palabras del diputado Gaspar Llamazares, se considera que la “ambigüedad y arbitrariedad” de esta normativa es total, bordeando, incluso, la “inconstitucionalidad”. Desde el partido se teme que, en el futuro, esta Ley pueda ser empleada de manera generalizada para la prevención de lo que el Ejecutivo de turno considere amenazas contra la seguridad ciudadana.
Vemos, pues, que el consumo y cultivo de cannabis sigue siendo, al menos en nuestro país, una cuestión delicada, arma arrojadizo entre las diferentes fuerzas políticas.
