La legalización de la marihuana en Uruguay está atrayendo a un buen número de empresas y particulares que ven en el recién legalizado sector una manera de conseguir rápidos beneficios económicos con la venta y distribución de semillas y plantas de marihuana, parafernalia o productos de control de plagas. Todo puede dar réditos en un segmento que lleva aparejado un buen montón de actividades secundarias.
El problema con el que pueden toparse los “emprendedores verdes” es el de la administración. Y es que desde la Junta Nacional de Drogas se apunta que las solicitudes para crear empresas de cultivo de marihuana en el país ya son 100, mientras que las licencias que el Gobierno va a conceder no serán más de seis. El proceso de licitación para la instalación y concesión del derecho de explotación de estos terrenos de unas dos hectáreas cada uno se pondrá en marcha en las próximas semanas.
La ley de transparencia de Uruguay exige que los empresarios o grupos interesados en presentarse a dichos proyectos detallen de manera exhaustiva su procedencia y el origen del capital de su empresa, de manera que se asegure que dichas compañías no suponen una pantalla para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
En Uruguay se ha legalizado el autocultivo de marihuana, con un límite de seis plantas por hogar, además de la creación de clubes cannabicos para el consumo de cannabis en este tipo de centros.
Y es que el 10 de diciembre del pasado año se firmaba y aprobaba la ley orientada a regular y normalizar las actividades de compraventa de marihuana en el país, así como todo lo relativo a la posesión, uso recreativo y terapéutico de la misma. Estamos ante el primer país del mundo que se ha atrevido a dar un paso tan importante en esta materia.
Diversas encuestas realizadas en los últimos tiempos en el país muestran que la percepción popular acerca de la marihuana está cambiando para bien. En este sentido, hasta el 75% de los ciudadanos uruguayos están a favor de legalizar la marihuana con fines medicinales.
Desde el país no sólo se considera que la legalización va a representar un gran elemento en la lucha contra el narcotráfico organizado. También se pretende que la legalización normalice el consumo y, paralelamente, permita recabar importantes cantidades por vía impositiva, a partir de las tasas a empresas de compraventa, producción y distribución de marihuana.
