La Agencia de Salud Pública de Cataluña sigue en camino de regular los Clubes de Fumadores de cannabis, de manera que estas organizaciones puedan contar con un marco legal que proteja a sus usuarios, normalice su actividad y la saque de esa especie de ‘limbo’ administrativo en el que se encuentra. Esta entidad ha enviado al Parlamento catalán una serie de propuestas de mínimos orientadas a normalizar horarios, condiciones de acceso y comercialización de productos en este tipo de locales.
Entre las condiciones incluidas en esta propuesta por parte de la agencia se encuentra la prohibición de entrada a estos establecimientos a los menores de 18 años (el borrador inicial ampliaba este límite de edad a los 21 años), la prohibición de venta en su interior de bebidas alcohólicas (en la línea de lo que se hace, por ejemplo, en los coffee shops holandeses) y unos horarios de apertura que nunca pueden superar las 8 horas diarias, desde las 8 de la mañana a las 22:00 h como máximo.
Pese a que estas medidas son más orientativas que obligatorias, suponen un importante paso hacia adelante en la regulación de este tipo de clubes. Entre otras de las medidas que se incluyen en la documentación remitida al Parlament se contempla la posibilidad de que los gestores ofrezcan formación a los clientes y socios, de cara a que conozcan los efectos en el organismo del consumo de marihuana. Asimismo, los establecimientos deben proporcionar a sus empleados formación de salud pública e higiene.
Los expertos estiman que en Cataluña hay aproximadamente 400 clubes sociales de cannabis que englobarían a aproximadamente 170.000 socios. El negocio que desarrollan este tipo de clubes es una de las razones que ha llevado a las autoridades a regular su actividad. No en vano, de acuerdo con algunas informaciones y estimaciones sectoriales realizadas al respecto, este tipo de entidades facturarían nada menos que 5 millones de euros cada mes. De acuerdo con estos análisis, el consumo medio de los socios oscila entre los 50 y los 100 euros mensuales.
Las autoridades desean establecer el límite entre la actividad puramente lúdica y aquellas que pueden estar bordeando la legalidad.
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