En varias ocasiones hemos hablado del impacto económico, social y en materia de seguridad que la legalización del cannabis ha producido en el estado de Colorado, en EEUU. Son ya más de seis meses los que han transcurrido desde que en Colorado se legalizara el consumo, venta y cultivo de marihuana con fines recreativos y, desde entonces, la industria y negocios ligados a esta actividad económica están, literalmente, que “echan humo” (nunca mejor dicho). Sin embargo, aún son muchas las voces que advierten de las dificultades que existen en torno a que una actividad que es ilegal en el conjunto de una nación sea lícita en un estado concreto.
De acuerdo con las cifras que maneja el tesoro estatal, de enero a mayo se han recaudado nada menos que 11 millones de dólares (más de 8,05 millones de euros) en concepto de tasas y gravámenes a la actividad de venta de marihuana y cultivo de cannabis con fines comerciales. Una de las muestras de que la ‘fiebre verde’ (‘green rush’, en relación con la fiebre del oro del XVIII), como algunos diarios la han bautizado, está calando políticamente tiene que ver con las cada vez mayores facilidades y eliminación de trabas que las autoridades desarrollan a la hora de que los particulares pongan en marcha un negocio legal de venta de marihuana.
De hecho, prácticamente la única condición para poder poner en marcha un proyecto empresarial de este tipo es la de ser residente del estado. A fecha de mitad de junio se estima que son unas 300 personas las que han solicitado una licencia estatal para abrir una tienda de distribución legal de marihuana.
Sin embargo, son ya muchos los activistas pro-marihuana los que están pidiendo a las autoridades del estado que eximan a los propietarios de negocios del pago de ciertas tasas. En este caso, más que por la actividad económica en sí, este llamamiento tiene que ver con la no inclusión de los empresarios en listas ‘negras’ de las autoridades federales. En este sentido, no hay que olvidar que la venta y distribución de cannabis, pese a estar legalizada y despenalizada en el estado de Colorado, aún es un crimen perseguido a nivel federal. Esta es una de las facetas que resultan curiosas, al menos desde la perspectiva europea, de la lucha y tensión entre legislación estatal y federal en un país básicamente descentralizado administrativa y políticamente como los Estados Unidos.
